En una resolución reciente, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso inmediato en prisión para Fernando Peña, exinspector de Hacienda y dueño del despacho Nummaria, al ser condenado a 80 años de cárcel por idear un entramado societario enfocado en la evasión fiscal. La Audiencia Nacional lo responsabiliza de diseñar una red internacional —con ramificaciones en países como Costa Rica, Inglaterra, Canadá y Luxemburgo— para ocultar ingresos tanto propios como de sus clientes famosos, entre ellos Ana Duato e Imanol Arias.
La condena especifica que Peña no se limitó a asesorar: participó activamente en la creación y operación de estructuras societarias fraudulentas, diseñadas para reducir artificialmente la carga fiscal, simulando rentas vitalicias. Aunque la sentencia impone 80 años, la legislación vigente limita su estancia real en prisión a un máximo de nueve años. Aun así, Anticorrupción ha pedido que se impongan medidas cautelares para evitar su fuga, incluida la retirada del pasaporte
Este caso pone de relieve la responsabilidad penal de los asesores fiscales que, más allá del consejo técnico, actúan como coautores en estrategias defraudatorias. Las repercusiones sobre la confianza pública y la reputación del sector son evidentes. Además, la figura del abogado fiscal vuelve a estar en el foco por su posible rol activo en esquemas de ingeniería fiscal ilícita.