Bruselas alerta sobre el alto riesgo de corrupción en España en contratación pública y financiación

La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el Estado de Derecho, advirtiendo que España aún presenta un “alto riesgo de corrupción”, especialmente en áreas clave como la contratación pública y la financiación de los partidos políticos. Aunque reconoce avances positivos en la protección del denunciante y la regulación de los lobbies, Bruselas insiste en que no se ha progresado lo suficiente en la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni en garantizar la independencia del fiscal general.
 

El informe destaca también la necesidad de reforzar las normas sobre conflicto de intereses y la transparencia en la administración pública. Señala varios casos recientes, entre ellos el “caso Koldo”, y critica la escasa aplicación de la legislación contra el soborno internacional. Figuran además preocupaciones sobre la libertad de prensa y las condiciones laborales de los periodistas, así como advertencias en relación con posibles intervenciones políticas en el poder judicial.
 

En cuanto a la Ley de Amnistía, Bruselas no adopta una postura explícita, ya que el asunto está siendo analizado por el Tribunal de Justicia de la UE, aunque internamente ha manifestado dudas sobre la independencia política tras su aprobación. En resumen, el Ejecutivo comunitario insta a España a intensificar reformas legislativas y estructurales esenciales para consolidar la confianza ciudadana y el buen funcionamiento democrático.
 

Esta advertencia pone de nuevo en el foco el papel de los abogados fiscales como garantes de la legalidad y la transparencia. Su labor en contratos públicos, operaciones societarias y asesoramiento a partidos y entidades públicas es clave para prevenir riesgos reputacionales y legales. Se requiere un esfuerzo reforzado desde el sector jurídico para apoyar la modernización de estándares éticos y profesionales en estos ámbitos sensibles.